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Entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, en la presentación de la Recomendación 5/2017

Entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, en la presentación de la Recomendación 5/2017

Transcripción 19/2017
19 de julio de 2017

Pregunta (P): Preguntarle de estos casos, ¿si son de estos operativos que hizo la Policía para supuestamente retirar a borrachos y personas que estaban escandalizando en la vía pública?

Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Más bien, el más reciente es el de mototaxis de Coyoacán y son más bien casos que en cada uno de ellos hemos identificado que hubo un uso indebido de la fuerza; no tanto en un operativo, sino incluso en el tránsito que tenían las personas. No las tenemos identificables en el documento porque así lo requirieron las propias víctimas, pero sí hacemos identificable las actuaciones que se llevaron por parte de las autoridades, en este caso la detención totalmente arbitraria, discrecional, el uso indebido y sobre todo el hecho incluso de utilizar armas de fuego para efectos de detener a las personas; las consecuencias de las lesiones y las acciones que tuvieron las autoridades con las propias víctimas, que en casos tenemos incluso de discapacidad permanente por el tema de haber sido impactados por armas de fuego; y el caso sí de tratos crueles, y otra que nos preocupa porque sigue apareciendo que es el tipo penal de ultrajes a la autoridad.

Lo hemos dicho y lo reiteramos, lo hemos manejado en otras Recomendaciones, la necesidad de que se derogue tanto el delito de ataques a la paz como el de ultrajes a la autoridad. En este caso resulta que ante una infracción administrativa llegan, los detienen, hacen un uso arbitrario de la detención, los lesionan, les dan tratos crueles y luego los presentan por ultrajes a la autoridad, y es como los tienen consignados. Entonces vemos que es un patrón donde este tipo penal se está utilizando de manera muy oportunista por parte de autoridades para generar estas consecuencias. De ahí la importancia, sigue pendiente. Sabemos que hay dos propuestas para la derogación ya en la Asamblea Legislativa, porque ninguno de esos dos tipos penales lo que hacen es más bien utilizarse para agravar el delito o generar una consecuencia para poderlos consignar, cuando existen otros tipos penales que están vigentes, si es que fuera el caso de alguna irregularidad. Pero aquí más bien lo está consolidando un acto de autoridad arbitrario que utiliza ese tipo penal para lograr la consignación de la persona.

Entonces digamos que aquí más que operativos de, eran ya actuaciones que han tenido tanto policías de Seguridad Pública como en este caso incluso Policías de Investigación que no estaban más que transitando por la calle y en algún incidente de tránsito hacían uso de arma de fuego incluso contra la persona con la que estaban en conflicto.

P: ¿Se sigue usando ese patrón, porque se supone que estaba disminuyendo? ¿Sigue en el mismo nivel que antes?

PGG: Nosotros por ejemplo en casos de movilizaciones sí hemos visto que ha bajado de manera muy clara porque ya no se utiliza como el tipo pena, sino más bien se remiten, si hubiera alguna conducta ilícita, lo remiten al Juzgado Cívico. Entonces se evita la criminalización, pero el delito sigue vigente. Y en los casos de esto nos llama la atención que son acciones de autoridad donde ante un uso arbitrario de la fuerza utilizan el tipo ahora donde dicen: “A ver, si tú iniciaste tu acción por una infracción administrativa, por qué deviene en un ultraje a la autoridad”. Pues lo usas para ahora llevar a la persona y consignarla en esos términos.

Entonces sí nos impacta ver qué certeza tienen las personas en la Ciudad de México cuando alguna autoridad en uso indebido de la fuerza utiliza el tipo penal para irlo a presentar ante una autoridad y son consignados y en su momento sancionados por ese delito. Entonces ahí es donde hemos nosotros determinado, y efectivamente, una parte integral para evitar la repetición es que sí debe desaparecer ese delito por lo arbitrario, lo abierto y las formas en que hemos identificado que se utiliza. Aquí ni siquiera tiene que ver con un tema de que se estuvieran manifestando o hubiera alguna situación de que pudieran confrontarse con la autoridad, sino que eran hechos aislados. Una persona circulando lo detiene un policía, hace un uso indebido de la fuerza y luego lo presentan con ese tipo penal.

P: Doctora, ¿cuántos policías están involucrados, si tiene el dato, que estuvieran involucrados en esta Recomendación?

PGG: En este caso estamos pidiendo la investigación integral porque no solamente es quién comete la conducta, sino todas las personas que participaron en el acto; e incluso también qué actuaciones tiene el Ministerio Público que le da validez a las pruebas que está presentando la autoridad para que se configurara el delito de ultrajes a la autoridad. Afortunadamente ya lo que pasa cuando se hace la revisión de los casos es que no procede posteriormente porque no cuadra la dinámica de hechos, porque no tiene ninguna justificación y, peor aún, que la documentación que se hizo por parte del servicio médico y psicológico de la institución sí arroja la situación de que fueron lesionados y bajo un uso totalmente desproporcionado de la fuerza. En ninguna detención, si no hay características incluso de resistencia, se justifica que incluso utilizaran armas de fuego.

P: Del caso Lesvy, preguntarle, ya la Procuraduría ha informado que fue lo que pasó según su parecer. Ustedes estuvieron presentes el día en que les dieron acceso al expediente a los familiares. ¿Con esta conclusión están de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes advierten?

PGG: Nosotros tenemos la queja abierta de oficio. Estuvimos acompañando a la madre de Lesvy a los temas de la diligencias. Nos preocupó y lo hicimos público el tema del retraso en tener acceso a la carpeta de investigación. La propia Comisión, y es un tema que tenemos en nuestra propia Ley, envió tres recordatorios. Nos informaron que lo tenía la PGR para efectos de uno de los dictámenes. Actualmente tenemos ya el expediente que estamos revisando y en su momento podremos ver qué elementos que se cualifican como alguna probable violación a derechos humanos para tener certeza e informarle a la madre de la occisa, en este caso.

Entonces este caso sigue en investigación. Estamos documentándolo y en su momento también alertamos la preocupación bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio de los twits que se enviaron por un área de comunicación directa e institucional de la propia Procuraduría y estaremos dando el seguimiento a la investigación.

P: Doctora, ¿ya tuvo acercamiento con el nuevo Procurador capitalino y si le dan ustedes un voto de confianza para que se modifique el trabajo en esta dependencia?

PGG: Sí. Bueno, en este caso y efectivamente incluso en la emisión de esta Recomendación, se les da el requerimiento de información para documentar cada uno de ellos y que sepan efectivamente cuáles son las violaciones que tenemos acreditadas. Aquí en lo que estamos partiendo es en primer lugar mejorar la articulación. Sí es real el hecho de que necesitamos reforzar el cómo se nos acerca la información con oportunidad, porque finalmente eso permite orientar a las personas o documentar de mejor manera y también deslindar responsabilidades en donde hay violación a derechos humanos.

La otra parte que estamos iniciando también con ellos es que conozcan los 150 puntos recomendatorios de diversas Recomendaciones históricas que tienen con la Comisión para que inicie su cumplimiento. Aquí también hay que decirlo, había una situación de obstaculización en cuanto a decir que no tenían presupuesto para el pago, por ejemplo, de indemnizaciones, pero ya hay una instrucción directa de que se va a inyectar recurso identificado para efectos de que en cada caso en mesa de indemnización se esté documentando pueda ya hacerse el pago correspondiente a estas personas; y el tema de disculpas públicas.

Confiamos que el actual Procurador cumpla con esta parte que es una responsabilidad hacia las víctimas de dar estas disculpas que se va a dar en cada uno de los casos, y esa ruta ya la estamos trabajando con ellos.

P: ¿Eso se lo acaban de entregar?

PGG: Sí, toda esta información incluso es histórica y pública. Nosotros incluso en nuestro portal ustedes pueden ver cuántos puntos están pendientes y qué grado de cumplimiento tienen. Lo que se le acaba de entregar al Procurador, y se va a estar haciendo también con diversas dependencias, sobre todo el tema de Secretaría de Gobierno, que tiene todo el Sistema Penitenciario, el tema de Seguridad Pública, el tema de Procuraduría, que son nuestras dependencias que más destacan tanto en Recomendaciones como en puntos pendientes, se les está entregando para efectos de que se haga un trabajo más reforzada de cumplimiento de Recomendaciones. Sí queremos, lo hemos alertado de manera constante, pero ya queremos que haya una evidencia que pueda diagnosticar incluso la viabilidad que tiene cada una de las dependencias en el cumplimiento de Recomendaciones.

P: ¿La Comisión está haciendo algo sobre este aviso que dio el Jefe de Gobierno que posiblemente podrían salir de los penales 4 mil reincidentes o personas que delinquieron y que ahora ya salen bajo fianza?

PGG: Nosotros estamos viendo bajo este nuevo criterio que generaron en función de las personas que tendrían este beneficio, junto con Consejería Jurídica, estaríamos convocando también a la propia Procuraduría y al Sistema Penitenciario, un diagnóstico, queremos identificar de esos grupos que van a salir cuántas son primodelincuentes, delitos menores, edades, situación socioeconómica, para hacer una cohesión más integral en la revisión de la reinserción. ¿Qué implica? Que cuando identifiquemos personas que están en posibilidad de capacitación para el empleo, autoempleo, becas, desarrollo personal que puedan tener con dependencias como la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social, incluso SEDEREC, si hubiera un rango de personas que tuvieran algún tema en materia indígena, identificar ese sector, dar un acompañamiento y ver casos de éxito que pudieran evidenciar que cuando hay programas eficaces de reinserción, puedan ayudar en su momento a que no haya una reincidencia.

P: ¿Esta alerta del Gobierno no es como discriminarlos también, al decir que 4 mil delincuentes los vamos a tener en la calle?

PGG: Bueno, en este caso sabemos que son personas que están purgando un delito y con el nuevo sistema y el criterio que fijó la Corte, está reclasificando la gravedad de su delito. Lo que nos tenemos que preguntar también como política pública es qué delitos sí deben continuar siendo graves, qué otros delitos estaban sobre saturando, incluso, el internamiento en las cárceles que no eran delitos graves, o que le sumaban un delito menor con otro más y automáticamente eso les evitaba salir de la cárcel, por eso ahí lo importante es tener estos diagnósticos integrales para saber dónde reforzar la reinserción. O sea, la apuesta de la Comisión más que un tema de revalorar o criminalizar o subir las sanciones, es un tema de que aquel sector que fue dando una situación de incremento de sus sanciones por delitos no graves, sí puedan tener otra opción para no caer en la reincidencia.

Delitos que históricamente se han considerado graves tienen su razón de ser y ahí más bien la Comisión verifica que tengan un debido proceso y en su momento si hay una detención se lleve conforme a todo los canales institucionales. Pero sí hay que enfocarnos a este otro sector que va a salir y que en algún momento el grado de responsabilidad que tenían no correspondía tanto a la sanción que tenían. Por eso es muy importante que las autoridades de manera interinstitucional se avoquen a identificarlos, darles opciones y empezar a documentar esos casos de éxito y casos que se tienen que atender para la reinserción.

La apuesta es la reinserción, la apuesta va en ese sentido, pero con los retos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, insistimos, capacitación de los operadores jurídicos, la situación también de la claridad a la sociedad de qué implican cada una de las situaciones, porque una cosa es que se les permita estar en libertad mientras se lleva el proceso, eso no quiere decir que no vayan a ser sancionados cuando se les dicte una sentencia, o sea, también no generar expectativas donde se descalifica al propio sistema, pero sí hacer esa valoración integral de qué consecuencias van a tener estos nuevos delitos que ya no se consideran graves.

P: Doctora, organizaciones como Artículo 19, la Coparmex, hacen un pronunciamiento en el sentido de que se está haciendo un ataque político hacia el Sistema Penal Acusatorio al tratar de derogarlo, quieren hacerle modificaciones para echarlo abajo, acusarlo de hipergarantista y de ser una puerta giratoria. ¿Qué opina usted al respecto?

PGG: Miren, aquí más bien es justo esta parte de que ya a un año de vigencia de la Ley, hay que decirlo con toda claridad, se fueron ocho años donde se tenía como una expectativa de que iba a haber cambios antes de la vigencia total, no pasó, ya está vigente, por eso la importancia es, uno, en el caso de los sistemas penitenciarios apostar a la reinserción, otra es sí verificar dónde se tiene que reforzar la capacitación de los operadores, insisto, Policía de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos, para efectos de lo que implica acusar porque ahora cambia toda esta modalidad; también los propios operadores jurídicos dentro del Tribunal, donde el Juez de Control y todos los demás que van llevando ya cada una de las etapas. Esto es un paradigma nuevo, es un cambio de sentido. Para nosotros lo que más reconocemos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio es eso, que acusa, que se basa en la presunción de inocencia, ahora no es que la persona detenida tenga que demostrar su inocencia, sino que el Estado tiene que demostrar su culpabilidad y de ahí la importancia de no generar una desconfianza en la sociedad que por falta de capacitación salga quien no debería de estar saliendo. Pero también les mete más controles porque ahora no pueden detener como quiera a cualquier persona y asignarles delitos que no corresponden. O sea, sí cambia el sistema. Pero sí hay que entrarle con seriedad y con datos duros a aquellos esquemas donde pudiera necesitar un reforzamiento de tipo o tipos de delitos. La verdad el tema de uso de armas de fuego en la comisión de un delito sí se tiene que valorar de manera integral y es un tema que es incluso federal, donde se debe dar o no una preliberación a alguien que haya usado un delito al momento de la comisión de un delito.

Entonces, más de que sí se tiene que dar un acompañamiento al ejercicio de la actualización que se quiere hacer, justo para que no haya retrocesos, pero también sí amerita una muy buena revisión ya sobre datos de ejercicios de todos los Estados de la República para una posible actualización. No un regreso. Yo creo que ahí sí hay una parte que no se puede quitar del Sistema es el principio de presunción de inocencia y la calidad técnica de las pruebas. Ahora más que nunca, más que una confesional, los peritajes van a mandar, entonces, eso nos va a dar certezas, pero también tenemos que darles los instrumentos y herramientas. Hay que decirlo con toda claridad, no están lo suficientemente asignados los presupuestos, sí hace falta personal y sí hace falta capacitación. Entonces, sí es como que hacer completa esa parte y también de la mano la actualización de tipos penales que sí ameritaran en su momento una actualización, sin regresar al antiguo esquema.

Creo que algo que ya se conquistó y no va a haber vuelta atrás, es que no va haber un regreso al esquema anterior, pero sí puede haber una actualización donde estemos viendo que sí aspectos que no eran los aceptados, o no eran los esperados, en consecuencias del propio Sistema.

P: ¿Entonces no tienen razón de ser esos pronunciamientos del Jefe de Gobierno, de Senadores, que hablan de que hay que dar marcha atrás al Sistema?

PGG: Yo lo que he escuchado no es tanto una marcha atrás, sino más bien sí una revisión integral. Todo Sistema necesariamente y después de una operatividad, más éste que cambia todo un paradigma, sí requiere una revisión integral. ¿Qué es lo que hay que tener atención todas y todos, la propia Comisión en su momento cuando veamos las propuestas? Es que no sea retroceso, es que sí permita actualización y no rompa el principio de presunción de inocencia. O sea, digamos que sí hay candados que no se van a mover, pero sí hay otros aspectos, insisto, temas como portación de armas o tipos de delitos que ya en concurrencia pudieran ser agravados, pero eso sí tiene que ser muy técnico, revisando sobre datos duros y sobre tendencias que están marcando a nivel país las preliberaciones en todos los estados; con la responsabilidad insisto, porque no es que se quede saldado, las omisiones o responsabilidad que pueda haber de la necesaria capacitación permanente, y también de otros operadores incluyendo los litigios de defensas y abogados particulares, porque luego no saben el sistema, operan mal y dicen que es la autoridad la responsable.

Sí hay que tener mucho cuidado de generarle a la sociedad confianza en que este nuevo paradigma sí está ayudando, pero está en este proceso de inmersión. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que no haya retroceso, pero sí la actualización. Muchas gracias a todas y todos.