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A 16 años de la muerte de Digna Ochoa, la violencia a defensoras y defensores en cifras alarmantes: CDHDF

A 16 años de la muerte de Digna Ochoa, la violencia a defensoras y defensores en cifras alarmantes: CDHDF

Boletín 155/2017
18 de octubre de 2017

  • Urgente garantizar seguridad y libertad para que todas las personas puedan ejercer el derecho a defender derechos humanos.
  • El ejercicio del derecho a defender los derechos humanos requiere de una política pública integral con perspectiva de derechos humanos y de género.

A 16 años de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) resalta la importancia de su legado, y reitera la urgente necesidad de generar un entorno de seguridad y libertad para que todas las personas puedan ejercer el derecho a defender, promover y esforzarse por la realización y el goce de los derechos humanos en las condiciones más adecuadas.

Digna Ochoa fue abogada y dedicó su vida a defender los derechos humanos de personas víctimas de abusos cometidos por el Ejército y las fuerzas de seguridad, destacando entre ellos el caso de los campesinos ecologistas de Petatlán, estado de Guerrero.

A causa de su labor, Digna fue víctima de amenazas hacia su persona, por lo que organizaciones e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron al Estado mexicano del riesgo en el que se encontraba, instándolo a tomar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su integridad personal. A pesar de ello, el 19 de octubre de 2001 la defensora fue encontrada sin vida en su despacho.

En contextos como en el que ahora vivimos, el caso de Digna Ochoa es un referente en la defensa de los derechos humanos en México porque destaca la importancia de que las personas defensoras ejerzan su derecho a defender los derechos humanos.

En particular, las mujeres defensoras se enfrentan a prejuicios y estigmas derivados de un sistema discriminatorio que las ha constituido en blanco de agresiones, impidiéndoles el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y restringiendo su acceso a los medios de protección y de acceso a la justicia.

La generación de un entorno propicio y seguro en la Ciudad de México requiere de una política pública integral que atienda de manera estructural las causas que limitan o inhiben el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, que contemple entre otros, los siguientes aspectos:

  1. Fortalecimiento en la estructura y presupuesto del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  2. Elaboración de análisis de riesgos por delegaciones a fin de ubicar las causas que los generan, los actores involucrados y los patrones de agresión, con el propósito de desarticularlos.
  3. Fortalecer la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, a través de procesos de capacitación y sensibilización a todas las personas que colaboren en dicha Agencia, así como del diseño de protocolos de investigación adecuados.
  4. Llevar a cabo procesos de concientización dirigidos a la sociedad en general y de capacitación a las personas servidoras públicas sobre la relevante labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos en  el marco de sus obligaciones.

Si bien el 17 de mayo pasado, el Ejecutivo federal se comprometió a llevar a cabo las “acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”,[1] que integran algunos de los puntos arriba señalados, esta Comisión advierte que el reto fundamental es que su implementación se traduzca en el ejercicio libre y seguro de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos.

Para llevar a cabo dicha tarea, es fundamental integrar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, así como la vinculación y participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, personas defensoras y quienes ejercen la libertad de expresión.

La CDHDF está convencida de que promover y defender los derechos humanos resulta indispensable para la búsqueda de una sociedad igualitaria, en donde haya espacio para la verdad, la justicia y la paz; es por ello que la participación de la sociedad civil en esta gran tarea es fundamental, y especialmente el trabajo que realizan las y los defensores es imprescindible para lograr estas metas.

Ante ello, este organismo garante se mantiene vigilante de que las acciones acordadas en el mes de mayo sean implementadas con el carácter de urgencia que demanda el contexto, además de estar atenta para coadyuvar en el marco de sus facultades, a fin de lograr un entorno propicio y seguro para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.


[1] Véase. Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. [Disponible en línea] https://www.gob.mx/presidencia/articulos/acciones-para-la-libertad-de-expresion-y-para-la-proteccion-de-periodistas-y-defensores

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