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Consejo de la CDHDF hace un llamado a fortalecer una política migratoria de hospitalidad e integración, con perspectiva de derechos humanos y de género

Consejo de la CDHDF hace un llamado a fortalecer una política migratoria de hospitalidad e integración, con perspectiva de derechos humanos y de género

Pronunciamiento 02/2018
22 de febrero de 2018

En el marco de la Consulta Regional sobre protección de refugiados y apátridas, celebrada en la ciudad de Brasilia, los días 19 y 20 de febrero, organizada conjuntamente por el gobierno de Brasil y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); en la que se emitieron “Los 100 puntos de Brasilia: Aportes de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial sobre Refugiados”, y ante el contexto de racismo y xenofobia impulsado por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por su Presidente Donald Trump, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que nuestro país, y en especial la Ciudad de México (CDMX), enfrentan el reto de fortalecer una política migratoria de hospitalidad e integración.

Cabe señalar que este Organismo ha impulsado la agenda de los derechos de las personas migrantes y ha creado la Relatoría Especial de Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional, con el fin de generar acciones de políticas públicas para atender a este grupo de población en tránsito por la capital de la República.

Desde abril de 2017, la CDMX es considerada “Ciudad Santuario”, por lo que requiere fortalecer acciones para que todas las personas migrantes gocen de la garantía de sus derechos. Dichas acciones deben responder a lo estipulado en la Ley de Interculturalidad, Migración y Movilidad Humana que establece que la Ciudad es Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes; a la Constitución Política de la Ciudad de México y al Capítulo 26 “Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional” del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

A pesar de lo establecido en la legislación nacional y local, apenas el 37% de hombres y el 28% de mujeres solicitantes y refugiadas en la Ciudad se encuentran ocupadas. El 28% de los hombres recibe únicamente un sueldo mínimo – actualmente ubicado en 80.04 pesos diarios, mientras que el porcentaje equivalente de mujeres es de 43%.

Por otra parte, las personas retornadas se enfrentan de manera constante a trabas en materia de educación, identidad, empleo y salud; aquellas en tránsito no cuentan con espacios para permanecer de manera temporal en la Ciudad y las personas desplazadas internas son casi invisibles pues no hay datos claros respecto a su situación.

Por este motivo, el Consejo de la CDHDF subraya que ante la actual política migratoria estadounidense, la Ciudad de México debe fortalecer una política de hospitalidad e integración con una perspectiva de derechos humanos y de género, a través de lo siguiente:

  1. Reiniciar de manera urgente el trabajo de la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana del Distrito Federal, para analizar las implicaciones de la actual política migratoria de Estados Unidos y establecer mecanismos de atención integral.
  1. Actualizar las Reglas de Operación de los Programas Sociales para que todas las personas tengan acceso a ellos sin importar su situación migratoria, dándole validez de identificación oficial local a la tarjeta de visitante huésped de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), ya que las personas deportadas o que están quedándose en la CDMX enfrentan trabas para acceder a programas sociales con otro tipo de identificaciones como matrículas consulares, visas por razones humanitarias, constancias de origen, etc.
  1. Generar una cultura de hospitalidad a través de la sensibilización y capacitación de personas servidoras públicas que atienden a personas migrantes en instituciones del Gobierno local ya que los flujos migratorios son diversos y el desconocimiento de la situación de cada población obstaculiza el acceso a sus derechos.
  1. Difundir y promover ampliamente los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, así como los planes y programas existentes en la Ciudad de México.

Fortalecer la coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan con población migrante, refugiada, en retorno y sujeta de protección internacional.

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