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A través de la prevención y un enfoque de derechos humanos, la salud mental debe ser una prioridad

A través de la prevención y un enfoque de derechos humanos, la salud mental debe ser una prioridad

Boletín 154/2018
10 de octubre de 2018

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado para que se lleven a cabo las reformas y políticas públicas necesarias para generar un modelo de salud mental que garantice a las personas con discapacidad psicosocial, ser incluidas en la comunidad y garantizar sus derechos, a partir del reconocimiento de su autonomía y capacidad jurídica, y considerando sus diversidades, preferencias y necesidades.

De igual forma, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este Organismo refrenda las Recomendaciones emitidas en 2017 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras, en respuesta a la situación de salud mental violatoria de derechos humanos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el año 2014 existían en México 1 millón 420 mil personas con discapacidad psicosocial. Y según la Encuesta Nacional de Epidemiología en México, una de cada cuatro personas ha tenido alguna discapacidad psicosocial.

Al igual que sucede con la gran mayoría de los países, no se tiene como una prioridad la atención a la salud mental, y se asigna apenas el 2% de su gasto presupuestal, el cual se dirige casi en su totalidad a hospitales psiquiátricos.

La discapacidad psicosocial está relacionada con la salud mental, ya que su origen son los diagnósticos médico-psiquiátricos como la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, entre otros, y que, debido a las barreras sociales construidas a partir de estereotipos y estigmas, pueden derivar en segregación, exclusión y discriminación.

Una de las principales barreras es que se considera que las personas con discapacidad psicosocial son incapaces de tomar decisiones por sí mismas, así como el uso de la institucionalización y el aislamiento, ante la falta de un sistema de apoyos y servicios en la comunidad.

La salud mental debe ser una prioridad, partiendo de la prevención y la atención desde un enfoque multidisciplinario en el que se busque garantizar los derechos humanos de la población, con la finalidad de impulsar su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad, y en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Éste es el espíritu que impulsó la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006.

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