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La modificación del concepto de flagrancia vulnera el derecho humano al debido proceso

La modificación del concepto de flagrancia vulnera el derecho humano al debido proceso

Boletín 4/2019
25 de enero de 2019

La propuesta de modificación al Artículo 146 del Código Nacional de Procedimiento Penales para ampliar el concepto de flagrancia que actualmente existe en el Senado de la República es motivo de preocupación para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque vulnera la libertad personal, garantías judiciales, así como otros derechos humanos en el marco de la procuración de justicia.

De acuerdo los estándares internacionales de derechos humanos, la detención en flagrancia debe ser una figura de aplicación excepcional sujeta a controles estrictos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Sin embargo, el proyecto presentado en la Cámara de Senadores, se adiciona una fracción III al Artículo 146, con el propósito de eliminar el requisito de inmediatez tras la consumación del delito en los supuestos en los que la persona: sea o haya sido señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito; o, tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito cometido o bien, sea señalada como quien, durante el periodo de su búsqueda o localización se deshizo de ellos; o, cuente con información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del delito.

Esta propuesta, además de violar lo dispuesto en el Artículo 16 Constitucional, atenta contra los mencionados criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en estándares internacionales y que deben caracterizar a todo tipo de privación de la libertad.

La CDHDF expresa su preocupación por el impulso a este tipo de medidas que junto con otras iniciativas -como la ampliación de prisión preventiva oficiosa- significa un retroceso importante en materia de derechos humanos.

Por este motivo, hace un respetuoso llamado a las instancias legislativas correspondientes para la reconsideración de este tipo de propuestas que gradualmente van debilitando o incluso revirtiendo los avances que en materia de sistema penal y derechos humanos se habían logrado en los últimos años.

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