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La Propuesta General 01/2018 sobre «La Ejecución Penal desde los Derechos Humanos», impulsa el cambio hacia la reinserción social en la Ciudad de México.

La Propuesta General 01/2018 sobre «La Ejecución Penal desde los Derechos Humanos», impulsa el cambio hacia la reinserción social en la Ciudad de México.

Boletín 106/2019
11 de junio de 2019

Durante la presentación de la Propuesta General 01/2018. La Ejecución Penal desde los Derechos Humanos, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, hizo un llamado a instituciones judiciales y de gobierno, así como a la sociedad en general para sumarse a un cambio social y cultural que permita ver a las personas que cumplen una pena en situación de reclusión, como seres humanos.

Enfatizó que las reformas penales tienen una dimensión transformadora en la sociedad, porque las ideas de la cárcel y el castigo no son meras figuras procesales, sino que son instituciones que reflejan elementos políticos, sociales, económicos y culturales, cuyo replanteamiento puede llevar a una sociedad más democrática e igualitaria.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) indicó que por ese motivo la Propuesta se presentó hoy ante operadores jurídicos, autoridades judiciales, defensores públicos, Ministerio Público, autoridad penitenciaria y sociedad civil.

De enero de 2018 a mayo de 2019, indicó, la CDHDF ha registrado 4 mil 345 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en el ámbito penitenciario: 72% corresponde a 2018, mientras que 28% atañe a los primeros cinco meses de este año. De las 4 mil 757 víctimas derivadas de todas las quejas, 82% son hombres y 18% mujeres.

Nashieli Ramírez Hernández apuntó que las tres autoridades principales con el mayor número de menciones son: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (23.6% de quejas), Reclusorio Preventivo Varonil Norte (17%) y Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (7.7%).

Al respecto, explicó que la Constitución Política de la Ciudad de México –en su Artículo 11 apartado L-, establece que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria, por lo cual se tienen que llevar a cabo acciones afirmativas para evitar su discriminación.

En tanto, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, aseguró que la vigilancia en la ejecución penal no debe estar sujeta a la discrecionalidad de las autoridades, sino a la vocación de cumplir con tres funciones principales en materia de ejecución de sentencias: vigilancia, consultiva y decisoria.

Consideró que la Propuesta General 01/2018 permite visibilizar las áreas de oportunidad que se deben aprovechar desde diferentes ámbitos para garantizar los derechos desde el modelo de impartición de justicia.

La Directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, Raquel Olvera Rodríguez, subrayó es necesario erradicar los actos de discriminación contra esta población, porque no será posible generar las condiciones adecuadas de retorno a la sociedad mientras se continúe la reproducción de esquemas de exclusión.

El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, destacó el trabajo cercano, permanente y cotidiano entre la CDHDF y la institución que encabeza, ya que están en la “línea de fuego” los 365 días de año, las 24 horas, por garantizar los derechos en los centros de reclusión. La corresponsabilidad, dijo, es fundamental porque no se puede avanzar solo en una adecuada ejecución de la pena.

El Segundo Visitador General de la CDHDF, Iván García Gárate, destacó que la Propuesta General 01/2018 surgió a partir de las problemáticas que se viven en los centros penitenciarios capitalinos y que, a través de las investigaciones y documentación de este Organismo, se puede generar una posible solución que coadyuve a la gobernabilidad de las cárceles en la Ciudad, en paralelo a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

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